
El PSOE había decidido que esta campaña electoral iba a ser un divertimento. Lo tenían todo listo: Una sucesión de bailes, besos, abrazos y declaraciones de amor con los que Pedro Sánchez pretendía cambiar el decorado de una legislatura que se le ha ido llenando de causas judiciales, sospechas de corrupción y explicaciones pendientes. Había que hablar de sentimientos, de entusiasmo, de alegría, de que bonito es el amor, de resistencia frente a quienes supuestamente quieren destruirlos. Había que convertir la política en un espectáculo populista, sentimentaloide, azucarado y desenfadado. Cualquier cosa antes que hablar de lo que realmente preocupa a los españoles.
El presidente necesitaba una campaña amable, casi festiva, en la que las imágenes sustituyeran a las explicaciones. Begoña Gómez en los mítines, los besos ante las cámaras, los bailes y esa exhibición de amor cursi convertida en argumento político. El PSOE quería que los ciudadanos participaran de una especie de fiesta colectiva mientras sobre el Gobierno seguían acumulándose los problemas: El caso Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, las investigaciones que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, las derivaciones del caso Leire Díez y las numerosas preguntas que todavía esperan respuesta. Una trama de asuntos judiciales que no se resuelve con una canción, un abrazo o una declaración de amor. Pero la realidad tiene la mala costumbre de irrumpir en las campañas electorales sin consultar a sus estrategas. Y esta vez ha sido Urda.
Sesenta y nueve muertos. Sesenta y nueve vidas truncadas en una nueva tragedia ferroviaria que ha dejado familias destrozadas y un país pendiente de saber qué ocurrió. Mientras el Gobierno preparaba su relato electoral, los equipos de emergencia trabajaban entre los restos de los trenes y los familiares recorrían hospitales buscando a los suyos. No hay espectáculo político que pueda competir con esa imagen, no hay discurso sentimental que consiga explicar a una madre por qué su hijo no ha vuelto a casa, a una mujer por qué su marido no responde al teléfono o a unos padres por qué tienen que identificar el cuerpo de su hijo.
Y lo que más duele es que España lleva demasiado tiempo viviendo de duelo en duelo. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el país ha atravesado tragedias de dimensiones extraordinarias. No todas tienen la misma causa, ni todas pueden atribuirse al Gobierno, desde luego sería injusto y poco riguroso hacerlo, pero todas forman parte de una memoria colectiva que merece respeto y, sobre todo, respuestas cuando existen responsabilidades públicas que esclarecer.
La pandemia dejó, según el INE, 146.619 fallecidos por COVID identificado entre marzo de 2020 y diciembre de 2022. Una cifra estremecedora que marcó a toda una generación y cuya gestión sigue mereciendo una evaluación rigurosa. En 2021, el volcán de La Palma sepultó viviendas, explotaciones agrícolas y proyectos de vida. En junio de 2022, la tragedia de la valla de Melilla dejó hasta 37 posibles víctimas mortales, trece personas murieron en el incendio de las discotecas de Atalayas, en Murcia. En octubre de 2024, la DANA dejó 238 víctimas mortales según el balance oficial, una catástrofe que puso bajo sospecha la gestión de las alertas y de la emergencia y que sigue teniendo derivaciones judiciales y políticas. En 2026, la tragedia de Ceuta volvió a recordarnos que las fronteras también pueden convertirse en escenarios de muerte con un balance de 97 posibles víctimas mortales, eran en su mayoría, ciudadanos marroquíes, y no hay que olvidarlos por eso. Después llegó Adamuz, con 46 muertos, y ahora Urda, con otros 69. Dos accidentes ferroviarios que obligan a mirar de frente el estado de nuestras infraestructuras, los sistemas de seguridad, el mantenimiento y la capacidad de las administraciones para prevenir y responder, y la corrupción que se mueve en la trastienda del Ministerio de Transportes. Dos tragedias que no pueden despacharse con una comparecencia, una promesa de investigación exhaustiva y unos días de luto oficial. Hay una frase de George Santayana que convendría tener presente en estos momentos: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Recordar no es recrearse en el dolor ni utilizar a los muertos para alimentar una disputa partidista, es precisamente lo contrario: impedir que las víctimas se conviertan en una cifra que desaparece de la conversación pública cuando deja de ser políticamente rentable. Y en Urda hay, hay mucho que explicar porque las familias de las victimas no necesitan una campaña de comunicación, necesitan saber por qué murieron sus seres queridos, qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir y quienes son los responsables de esas muertes. El dolor de los ciudadanos no puede convertirse en una molestia para el calendario electoral.
Lo verdaderamente inquietante de esta legislatura es la sensación de que el Gobierno siempre encuentra una forma de esquivar el fondo de los problemas. Cuando la corrupción ocupa los titulares, se habla de bulos, de conspiraciones y de ataques personales. Cuando hay que dar explicaciones sobre la gestión, se busca un adversario al que responsabilizar. Cuando se produce una tragedia, se multiplican las declaraciones solemnes, las promesas de transparencia y las apelaciones a la unidad. Después, poco a poco, el asunto desaparece de la conversación política y el Gobierno vuelve a ocuparse de su supervivencia. Pero las víctimas no desaparecen, tampoco las familias que han perdido a alguien, ni los afectados que siguen esperando ayudas, ni quienes reclaman que se depuren responsabilidades. No se puede gobernar un país a base de gestionar el siguiente titular.
Pedro Sánchez, ignorando todo lo que llevamos a nuestras espaldas los españoles, que queda claro que le importamos poco o nada, quería una campaña de besos, bailes y amor, una campaña en la que el presidente pudiera presentarse como víctima de una persecución y convertir su intimidad en un escudo frente a las preguntas incómodas, pero Urda ha devuelto al país a una realidad que no admite coreografías. Hay 69 familias que tienen que aprender a vivir con una ausencia irreversible y millones de españoles que tienen derecho a exigir explicaciones.
España no necesita un presidente que le prometa amor eterno desde un escenario, precisa de un Gobierno que proteja a sus ciudadanos, que mantenga sus infraestructuras, que disponga de medios para investigar las catástrofes y que no confunda la comunicación política con la responsabilidad pública. Porque mientras el PSOE preparaba una campaña para entretener a los españoles, los españoles seguían enterrando a sus muertos, y esa distancia entre el espectáculo del poder y el sufrimiento de la sociedad es, quizá, una de las imágenes más desoladoras de esta legislatura.
Son las doce del mediodia. No llueve en Pozuelo y la temperatura exterior de es de 20 grados.




